Los ayuntamientos "no cederán a las presiones" del sector taurino.

 29 Mayo 2009 - 10:10  Redacción
Los ayuntamientos de varias ciudades con plazas de toros han anunciado hoy que "no cederán" a las presiones de los profesionales taurinos, que pretenden que los consistorios paguen las deudas que según ellos corresponden a algunos empresarios del sector.

Plaza de Aranjuez - Archivo

Los representantes de los municipios afectados, alrededor de cincuenta, reunidos hoy en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), instan a la llamada "Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo Taurino", que ha convocado una huelga, a "que rectifique en el plazo de cinco días".

En caso contrario serán los consistorios los que emprendan las acciones legales pertinentes, al sentirse perjudicados por esta medida, según han anunciado.

Han asistido a la reunión de hoy en la FEMP representantes de Aranjuez (Madrid), Cehegín (Murcia), Zalamea la Real (Huelva), Villarrobledo (Albacete), Calatayud (Zaragoza), Socuéllamos (Ciudad Real), Navas de San Juan (Jaén), Sonseca (Toledo), Tomelloso (Ciudad Real), Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Yecla (Murcia), Caudete (Albacete) y Guadalajara.

Los representantes municipales manifiestan en una nota de prensa que "los ayuntamientos no tienen ninguna responsabilidad sobre las deudas reclamadas", que, añaden, "se derivan de la relación entre los empresarios y los trabajadores de este sector, en la que los consistorios no tienen ninguna participación".

Los ayuntamientos consideran que la Comisión, en la que están representados todos los sectores profesionales del colectivo taurino, "debería emprender acciones legales contra los empresarios deudores, cosa que no ha hecho hasta la fecha, en lugar de optar por medidas de presión contra quienes no tienen ninguna responsabilidad en el asunto, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que se van a ver privados de un espectáculo que forma parte de la tradición de sus pueblos".

Los ayuntamientos reunidos en la FEMP acordaron dirigir una carta a la Comisión instándola a que desconvoque la huelga o veto en un plazo de cinco días y a que rectifique las acusaciones de morosidad que se han vertido sobre los Ayuntamientos afectados, ya que en caso contrario serán los propios municipios los que emprendan las acciones legales pertinentes por considerarse perjudicados por esta medida.

EFE

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