En sus conclusiones definitivas de este juicio, que ha tenido tres aplazamientos desde que se señalara el pasado mes de noviembre, el fiscal considera que José Antonio C. ideó un plan para beneficiar a su hijo José Miguel en las corridas de toros, aunque los autores materiales -unos sicarios colombianos que están en rebeldía- se confundieron al ejecutar el encargo.
Así, los autores del hecho deberían haber prendido fuego al remolque de los caballos del rejoneador Sergio Galán con el objetivo de eliminar la competencia que éstos les suponían en las corridas de toros de su categoría.
En el banquillo de los acusados se ha sentado también el torero Manuel B., pero, el fiscal sigue pidiendo para este la absolución por falta de pruebas, mientras que la acusación particular solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión por un delito de daños, así como 800.000 euros por los perjuicios ocasionados.
Los hechos ocurrieron en Ocaña (Toledo) la noche del 2 de junio de 2001 a la altura del kilómetro 57,200 de la carretera de Andalucía delante de un restaurante donde se había estacionado el remolque que transportaba doce caballos de los hermanos Domecq que regresaban a Jerez de la Frontera después de haber participado en una corrida en la plaza de Las Ventas, donde ese día habían coincidido con Sergio Galán.
Según el relato del fiscal, el remolque se quemó con gasolina minutos después de que el personal que transportaba los animales entrara a cenar al restaurante y de los doce caballos que iban en el remolque uno murió en el acto, otros cinco fallecieron días después y de los otros seis que sobrevivieron cuatro quedaron inhábiles para el rejoneo.
Según dijo el fiscal, el móvil de este incendio era beneficiar al hijo del acusado, José Miguel C., que inicialmente estaba también inculpado por la familia Domecq, aunque el juez de lo penal número 2 de Toledo le retiró la acusación por haber prescrito el delito del que estaba acusado.
En su alegato final, el fiscal Juan Luis Ortega, justificó su cambio de criterio en el "desarrollo de la prueba practicada", es decir, en los testigos que han acudido a la vista oral y en las escuchas telefónicas grabadas por orden de un juzgado de Villena (Toledo) que investigaba un asunto de tráfico de drogas y que de forma "casual" corroboró la investigación hecha por la Guardia Civil.
Buena parte de la vista oral estuvo dedicada a la audición de cinco de las diecisiete cintas con conversaciones telefónicas que mantuvo una prostituta colombiana, Cati, amiga del acusado José Antonio y que habría hecho de intermediaria entre el acusado y los ejecutores del plan, según las acusaciones.
Por su parte, las defensas insisten en la inocencia de los encausados y en este sentido, el abogado de José Antonio, Marcos García Montes, ha presentado al juez diez folios impugnando las pruebas practicadas, entre otros motivos porque las transcripciones de las grabaciones telefónicas que hizo la policía no han sido cotejadas por el juzgado, indicó.
