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La reclamación económica del sindicato de matadores de toros se centra en la figura del empresario que gestionaba entonces el coso, Pepín Fernández, al que se reclama la deuda. Sin embargo, mientras los 11.000 euros se pagan el sindicato prohíbe a los matadores de toros actuar en Yecla.
La primera consecuencia es la más que probable suspensión de la corrida del 10 de mayo, durante las fiestas de San Isidro.
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