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El debate suscitado en
Cataluña en torno a la fiesta de los toros se está
convirtiendo en algo más que en un simple contraste de
opiniones emitidas desde dos sectores claramente
enfrentados. Está provocando que en otras comunidades
autónomas se publiquen decretos para reafirmar y consolidar
el valor cultural y la raigambre popular de esta tradición.
El debate no es nuevo. No hace falta más que rastrear,
siquiera someramente, nuestra literatura de un par de siglo
atrás, para comprobar que siempre ha habido voces que
solicitaban al gobernante de turno la supresión de este, a
su entender, espectáculo bárbaro, degradante y sanguinario.
Lo curioso es que estos escritores, como Gaspar Melchor de Jovellanos, apoyaban esta actitud en un reconocido
afrancesamiento, que pretendía convertir a la nación vecina
en referente cultural europeísta, frente a lo que para ellos
era la constatación de una España empobrecida, retrasada y
anclada en las tradiciones. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Ahora, que ya oficialmente somos Europa; ahora, que hasta
ostentamos la presidencia de esta Unión Europea; ahora, que
nos hemos adelantado a los países circundantes en la
aprobación de leyes consideradas, por algunos, progresistas
y, por otros, escandalosas; ahora, en fin, que, cuando
viajamos, no tenemos que aguantar el trato discriminatorio
de ser considerados ciudadanos de segunda; ahora, resulta
que son los franceses los que tienen que venir al parlamento
catalán para convencer a sus componentes de que la
tauromaquia es un arte que no está reñido con la
civilización, la cultura y el progreso. Y vienen a decírselo
a unos ciudadanos que, por su proximidad geográfica y por su
empeño en buscar elementos diferenciadores con el resto del
territorio español, se han proclamado, en muchas ocasiones,
más próximos en sentimiento y en cultura a los habitantes
del otro lado de los Pirineos.
Ellos, que se ufanan de estar
más cerca del norte que del sur, que presumen de su
distinción burguesa, que distorsionan la historia para
desembarazarse de sus orígenes aragoneses, que bautizan lo
que no fue más que un condado en sus orígenes con el
ampuloso nombre de país, han tenido que soportar el
simbólico tirón de orejas de unos franceses de pura cepa que
le han tenido que recordar, por si no lo sabían o lo habían
olvidado, que la lucha entre el hombre y el toro no es algo
autóctono español, sino que es común a toda una cultura
mediterránea que nació unos mil seiscientos años antes de
Cristo (mucho antes que Montilla, Carod y Saura) y que, si
lo que buscan es una excusa para dar un paso más en su
política separatista, se busquen otra de más consistencia,
porque ésta como que no cuela.
Lo que sucede es que, al
socaire de esta actitud extemporánea y “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, se han alineado aquellos
colectivos minoritarios, que han existido desde siempre, que
rechazan la forma de muerte más noble, más pública y más
respetada que un animal puede tener y que, gracias a este
debate, más político que zoológico, han encontrado un
amplificador de ámbito nacional y una caja de resonancia
gratuita. Y lo más curioso es que, estoy seguro, de que
muchos de los componentes de estos grupos antitaurinos
proceden de aquellos otros, surgidos en el seno de nuestra
incipiente democracia, que lucharon por la conquista de
nuestras libertades, que exigieron la existencia del derecho
a la pluralidad de pensamiento y de expresión y que acuñaron
una frase, en aquellos tiempos ingeniosa y rebelde, llena de
toda aquella fresca inocencia propia de una sociedad
ilusionada por el futuro y que, hoy, visto lo visto, deja el
regusto de una triste paradoja: “Prohibido prohibir”.
Juan VillareaL
20 Marzo 2010
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