En un comunicado hecho público por esta asociación, que preside José Luis Moreno Manzanaro, y que integra once "Uniones" territoriales, se argumenta en cuatro puntos la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña de prohibición de las corridas de toros, publicada en el BOE del 26 de agosto.

Reunión abonados de Sevilla - Archivo

El recurso, según la nota, contiene "una amplia fundamentación jurídica apoyada en los preceptos constitucionales que garantizan el estatuto de las libertades de los ciudadanos, los derechos de producción y creación artística, de ejercicio profesional y empresarial, y los principios de igualdad y no discriminación en todo el territorio del Estado".

Insiste asimismo el recurso ante el defensor del Pueblo "en las obligaciones de los poderes públicos de preservar el patrimonio artístico y cultural, del que la Fiesta de los Toros forma parte, y especialmente en el deber del Estado de ejercer como atribución esencial el servicio de la cultura en cuanto atañe al patrimonio cultural común de la nación".

Esta competencia constitucional, dice la Unión Taurina de Abonados y Aficionados, resulta "incompatible" con regulaciones autonómicas que afecten a aspectos esenciales de la cultura común, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que los "tratamientos generales" de esta materia corresponde sólo al Estado.

Así, pues, resume la nota, "la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña supone una intromisión anticonstitucional en la esfera de libertades de los ciudadanos, y un perjuicio grave del patrimonio cultural común".

Y asimismo denuncia que esta prohibición instrumenta "unos fines ideológicos impregnados de intolerancia social y de exclusión territorial, incompatibles con el orden constitucional vigente". EFE