La Consejería de Cultura vuelve a la carga para conseguir que el toro de Osborne tenga la consideración de monumento. Fuentes consultadas en la Junta de Andalucía confirman que se han vuelto a abrir expedientes para conceder algún tipo de protección a una silueta que trasciende a la publicidad para ser un elemento del paisaje apreciado y querido por el 75% de los españoles (según revelaron encuestas en 1998, cuando el toro estuvo al borde del matadero por la nueva ley de carreteras). Hace año y medio el Tribunal Supremo anuló la declaración de Monumento del Patrimonio Histórico Andaluz hecha en 1996 por defectos de forma.

Las fuentes consultadas no precisaron qué figura jurídica se va a emplear ahora. Sólo que no se ha abierto un expediente para los 38 toros andaluces (se estima que en toda España hay unos 90) como en la vez anterior. Según la Ley, desde que el Supremo anuló el intento anterior de protección habría que esperar tres años para iniciar de nuevo el procedimiento. Así que ahora se ha optado por otra fórmula: abrir un expediente por cada uno de los 38 toros.

En Jaén sólo hay uno, en Santa Elena. El primero que se ve al entrar en Andalucía, o el último antes de salir de la comunidad por la A-4 (kilómetro 261, sobre un tentadero de reses bravas que domina un paisaje de dehesas). En la Junta confirman que el expediente de este toro es «de los que van más avanzados».

Precisamente este toro de Santa Elena es el que ha provocado la repetición del proceso. Aunque la causa real fue un fallo de la Junta de Andalucía a la hora de tramitar el expediente: se le pasó de plazo por un mes, pues inició el expediente de protección el 14 de octubre de 1994 y el 13 de noviembre de 1996 dictó la resolución final, cuando tenía dos años para hacerlo.

Finca de reses bravas

En estas que el ganadero de Santa Elena Apolinar Soriano -renombrado criados de reses bravas que tiene un toro plantado en su finca junto a la A-4- consideró que la protección de la silueta del animal «limitaba de manera importante los derechos sobre un bien de su propiedad, porque gran parte de la finca había sido incluida en el entorno del monumento».

Además, alegó infracción del derecho a la propiedad reconocido por la Constitución y nulidad por agravio comparativo respecto a las imágenes instaladas en otras comunidades.

La orden de la Junta obligaba a los propietarios de tierras en las que estuviese enclavado alguno de los 38 toros andaluces a conservarlo y reparar sus paños, chapas y estructuras.

También les exigía autorización previa para cualquier obra, cambio de uso, trabajos de pintura e instalaciones del entorno, y se creaba «de hecho una servidumbre de paso». Así que el ganadero jienense recurrió a los tribunales y ganó. Primero en el TSJA, en 1999. Y en 2006 en Tribunal Supremo le dio definitivamente la razón, argumentando la excesiva lentitud de la Junta en los trámites. El ganadero ya dijo al conocerse la sentencia que no pensaba tocar el toro de su finca, pero que quería que se respetasen sus derechos.

La del Supremo no fue la única vez que los tribunales se pronunciaron sobre el toro de Osborne en 2006. La Audiencia de Sevilla llegó a asegurar que la imagen es «patrimonio artístico de los pueblos de España» (en la sentencia que condena a varios comerciantes que vendían objetos para turistas con la mítica silueta sin pagar los derechos de autor a sus legítimos propietarios). La Junta quiere ahora que sea el toro sea monumento con todas las de la ley.